LEY 32108 SOBRE CRIMEN ORGANIZADO: "EL CONGRESO HA GENERADO INCENTIVOS PARA QUE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS CREZCAN"

 

La Ley 32108 de crimen organizado ha traído consecuencias. En Lima, la extorsión ha llegado a niveles alarmantes, afectando no solo a pequeños empresarios, sino también a empresas de transporte. El 26 de septiembre, se llevó a cabo un paro de transportistas que dejó a varios distritos sin este servicio.

Las bandas criminales han encontrado en la extorsión un mecanismo de control, exigiendo pagos a conductores bajo amenazas violentas y ya se han producido 9 asesinatos de conductores. Esta situación refleja una crisis de seguridad que, según muchos expertos, está fuera de control.

El profesor del Departamento de Derecho PUCP Heber Joel Campos señala cómo estas extorsiones no solo son síntomas de una crisis de seguridad, sino que también están facilitadas por normas recientemente aprobadas por el Congreso, como la Ley 32108, que según el especialista fomenta que el crimen organizado crezca.

La Ley 32108: facilitadora del crimen

La Ley 32108 ha sido criticada por debilitar la lucha contra el crimen organizado, ya que cambia la tipificación del delito de organización criminal, y establece que los allanamientos judiciales se hagan con la presencia del investigado y sus abogados, entre otras medidas. Según Campos, esta ley, lejos de mejorar la justicia, ha debilitado la capacidad del sistema legal para enfrentar a las organizaciones criminales. «El efecto es muy negativo. Esta medida alerta a los investigados sobre las acciones de la Fiscalía», afirma Campos, subrayando cómo la ley entorpece las investigaciones.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) también ha manifestado su descontento, señalando que este tipo de normativas permite a las bandas extorsionadoras operar con mayor libertad y sofisticación. Esto se debe a que la Ley 32108 cambia el concepto de organización criminal, limitando su aplicación a delitos con penas mayores a seis años. Así, quedan excluidos los delitos que tienen menos de 6 años de condena, como trata de personas, extorsión, tráfico de órganos, estafa agravada, tala ilegal, tortura, corrupción de funcionarios, entre otros.

Congreso y la crisis de inseguridad

Este tipo de legislaciones, asegura, es fruto de una desconexión total entre los políticos y la realidad que vive el país. Según Campos, la promulgación de normativas que dificultan la acción judicial solo beneficia a quienes buscan evadir la ley. «La Ley 32108 atenta contra el interés público y revela que este poder del Estado actúa de espaldas al país», comenta Campos.

Este tipo de normativas facilita el avance del crimen, ya que las organizaciones delictivas se aprovechan de la ineficacia legal para expandir sus operaciones. «El Congreso ha aprobado normas que han generado incentivos para que las organizaciones delictivas crezcan», afirma Campos, quien considera que el Congreso ha fallado en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, lo que ha generado un vacío de autoridad que el crimen organizado ha sabido llenar.

Reformas urgentes y un sistema judicial debilitado

Las reformas deben ir más allá de simples ajustes legales y deben incluir una gestión eficiente de las instituciones responsables de la justicia en el país.

La falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno, que no ha observado estas leyes, y la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones han dejado un vacío de autoridad. Campos insiste en que es necesario derogar estas normativas, y emprender un proceso de reformas que permitan recuperar la institucionalidad y la seguridad en el país.